Transcribimos el comunicado emitido por CEOE Castilla y León, al cual CEOE Palencia se adhiere en su totalidad:
CEOE Castilla y León, tras participar esta tarde en el Comité Ejecutivo extraordinario convocado con carácter de urgencia por CEOE, quiere manifestar su absoluto rechazo a los acuerdos alcanzados en el marco de la investidura, ya que ponen en peligro la cohesión territorial de nuestro país y afectan al principio de igualdad entre todos los españoles, que es piedra angular de nuestra Constitución desde 1978.
Los empresarios de Castilla y León subrayan que España necesita un gobierno que garantice la unidad de España, y la estabilidad política e institucional, y no un gobierno que empuje hacia un escenario que pone en peligro la separación de poderes y la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia.
Según la Confederación, los pactos que se están conociendo son inaceptables, pues cualquier apoyo a la amnistía atenta contra España, el estado de derecho, la democracia y la Constitución, poniendo en peligro la igualdad de los españoles ante la Ley, además de no respetarse la separación de poderes, deslegitimando al judicial.
Por ello, CEOE Castilla y León solicita que se haga un ejercicio de responsabilidad para no romper la cohesión territorial y no se adopten decisiones, que son inadmisibles, y que van en perjuicio de las empresas y ciudadanos de este país, a cambio de privilegios para otros, generando diferencias entre comunidades autónomas.
De hecho, en opinión de la Confederación, la condonación del 20% de la deuda a Cataluña, cifrada en 15.000 millones de euros, traerá más impuestos e incidirá negativamente en el crecimiento económico de Castilla y León, de España y en la vida de todos los ciudadanos, provocándose un agravio comparativo intolerable, castigando a quienes verdaderamente cumplen la Ley.
CEOE Castilla y León quiere subrayar que los empresarios siempre estarán dispuestos dialogar y a trabajar desde la independencia, la lealtad institucional y el sentido de Estado, pero dentro del orden constitucional, por lo que se debe hacer un esfuerzo por la estabilidad institucional, que asegure que España sea un país atractivo para la inversión, nacional e internacional y favorable a la creación de empleo, la generación de oportunidades y la potenciación del talento.
Cualquier otra decisión, que no esté dentro del sistema legal español, acabará por desincentivar la inversión y la actividad económica. A ello se añade también, a la vista de los acuerdos, una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española.
Durante el Comité Ejecutivo de CEOE se ha puesto de manifiesto también que, mientras se centra el debate público en cuestionar principios asentados en nuestro ordenamiento o se plantean políticas económicas que cargan el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas, se está dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que nos sigue reclamando la UE y que no admite demora si queremos garantizar la sostenibilidad del Estado.
